Tras cuatro largos años, el abogado y una agencia federal hicieron lo que pocos creían posible: que los bancos pagaran por su rol en la crisis de 2008.
Por Tom Braithwaite y Kara Scannell
La sala del tribunal en Nueva York estaba abarrotada en diciembre de 2011 al comenzar el que sería el mayor caso de este siglo contra Wall Street. Pero la multitud no era de espectadores ni reporteros. En cambio, apretados hombro con hombro, serpenteando a lo largo de las paredes de la corte e incluso ocupando parte del espacio del jurado, había 110 abogados. Representaban a 16 de los bancos más conocidos del mundo.
Frente a ellos, casi ridículamente superados en número, estaba un pequeño equipo encabezado por Philippe Selendy, socio en Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, una combativa firma legal. Selendy y su grupo demandaban decenas de miles de millones de dólares de los bancos en compensación por transgresiones en la crisis financiera. "Si se necesitaba algo para subrayar que enfrentaríamos múltiples ejércitos de abogados defensores, ese primer día nos lo dejó claro", dice Selendy.
No solo la oposición era feroz: la demanda misma parecía descabellada. Desde que los mercados se habían desplomado y el desempleo disparado en 2008, los estadounidenses querían ver algún tipo de juicio a la industria financiera. Hasta ahora, no había ocurrido. El intento de Selendy por conseguir ese ajuste de cuentas en tribunales, argumentando que los bancos habían empaquetado a sabiendas cientos de miles de millones de dólares de hipotecas dudosas en valores que luego vendieron a instituciones avaladas por el gobierno estadounidense, tenía pocas posibilidades.
Vestido de pantalón corto y camisa polo, su uniforme preferido en el verano, y de apariencia más joven que sus 47 años, Selendy no parece la espina en el costado de Wall Street. De izquierda para los estándares estadounidenses, habla de modo suave, profesoral, y salpica la conversación con referencias a Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein, su obra preferida de su filósofo favorito; al reciente estudio de Thomas Piketty sobre desigualdad; y, más decidor de todo, The Unwinding, de George Packer, una disección del debilitamiento de la red de seguridad estadounidense y el auge del dinero organizado.
Es propenso a comenzar oraciones con frases del tipo "Como un macropesimista…" y aventurar que "sería genial si pudiéramos combinar de algún modo la computación en la nube con la tecnología solar".
Selendy ni siquiera estaba seguro de querer ser abogado. Por largo tiempo un buscador de tranquilidad, optó por un internado para escapar al divorcio de sus padres. "Mis padres estaban demandándose el uno al otro y yo quería un territorio neutral". Su padre es un médico ahora jubilado que luchó en la revolución húngara de 1956 antes de estudiar en Bélgica, dando a Selendy su nombre de pila francés e inculcándole un sentido de servicio público. Incluso después de graduarse de la Escuela de Leyes de Harvard en 1993 y obtener un apetecido puesto de asociado en la prestigiosa firma Cravath, Swaine & Moore, Selendy negoció un acuerdo que le permitía tomarse un año libre para terminar una disertación sobre Wittgenstein (nunca lo hizo). En Cravath conoció su esposa, Jennifer, también abogado. Ese camino a la larga lo condujo a Quinn y al caso de su carrera.
Quinn Emanuel no es una de las firmas legales de elite de Estados Unidos -y no solo porque Selendy se atreve a usar sandalias en la oficina. Esas firmas, muchas de las cuales defendieron a los bancos, han estado alrededor por décadas y ofrecen asesorías que van desde regulación hasta compras y fusiones. El mantra de Quinn Emanuel es "sólo litigar, todo el tiempo". Sus abogados presumen de la descripción de "perros hambrientos" hecha por uno de sus clientes y no aceptan condescendencia de rivales de elite.
"Sé que nos respetan", dice John Quinn, un socio fundador de la firma. "Les pagan miles de millones de dólares a nuestros clientes no van a juicio contra nosotros".
Selendy es metódico, con un historial de triunfos. "Es como un asesino al que le permitirías cuidar a tus hijos", dice Jonathan Harris, asesor legal en MBIA, la aseguradora de bonos, que contrató a Quinn Emanuel en 2008, en una exitosa batalla de cinco años contra Bank of America un resultado al que Harris atribuye haber salvado a su empresa de la quiebra.
Se necesitaron cuatro años, pero Selendy usó su experiencia para hacer lo que las autoridades estadounidenses no pudieron: conseguir dinero, en grandes sumas, de las instituciones cuyo comportamiento estuvo al centro de la crisis financiera. Hasta ahora, esto suma US$ 20.000 millones de más de una docena de instituciones.
"Casi nos mató", dice Selendy. "Fue increíblemente duro solo sostener la presión, tener un rendimiento de alto nivel y validar lo que estábamos haciendo".
El caso nació bajo un cielo despejado en la primavera boreal de 2010, cuando Selendy y su colega Manisha Sheth, una ex fiscal federal, abordaron un tren a Washington DC, una travesía que los llevó a través de hileras de casas clausuradas en Baltimore el tipo de decadencia urbana exacerbado por el colapso de la vivienda. "Para que un abogado privado vaya a DC, casi tiene que llevar un sentido de misión consigo", comenta. "Es muy especial porque uno sabe que está en medio de un período desastroso, esta crisis, y que la posibilidad de en realidad nivelar el campo un poquito, en especial a esa escala, es maravillosa".
Selendy quería plantear un plan a la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA, su sigla en inglés). Quería demandar a más de una docena de bancos, desde JPMorgan Chase a DeutscheBank y Barclays, por los US$ 200 mil millones en valores con respaldo de hipotecas fallidos que suscribieron en el camino a la crisis.
A primera vista, era poco probable que tuviera éxito. La FHFA es una agencia creada en 2008 cuya misión, en parte, era recoger el desastre tras el desplome del mercado de la vivienda.
Supervisa a Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones con respaldo de gobierno que colapsaron bajo pérdidas crecientes cuando los valores hipotecarios resultaron estar respaldados con créditos hipotecarios que los deudores no podían pagar.
Bajo el mando de Ed DeMarco, quien dirigió la agencia desde 2009 hasta enero de este año, la FHFA era odiada por los demócratas por negarse a ayudar a los propietarios reduciendo el valor de su deuda hipotecaria. Con el respaldo del abogado principal Alfred Pollard, un ex lobista de la banca, parecía improbable que DeMarco hiciera algo tan radical como lo propuesto por Selendy.
Selendy quería recuperar lo perdido de los bancos, en parte porque los veía como culpables de un "mal uso de poder". Le preocupaba el impacto social del sector financiero. "La verdad es, de hecho siento que los bancos se han salido con la suya por demasiado tiempo y que la regulación se ha visto limitada por falta de recursos (y) con frecuencia por una puerta giratoria, con personas que se vuelven muy conocedoras y luego (…) vuelven a la industria".
Pollard veía las decisiones de un modo muy distinto. "No hablamos de penalizar a alguien", dice. "Los acusados están compensando a alguien por las pérdidas que crearon. Así que no, no creo que lo veamos como castigo". Pero la FHFA decidió que la sugerencia de Selendy de demandar caía dentro de su mandato. Envió requerimientos a las empresas en julio de 2010, pidiendo información sobre sus negocios hipotecarios. Aunque legalmente obligados a responder a las cartas, la mayoría de los bancos usaron las mismas tácticas que sus deudores morosos: las ignoraron con la esperanza de que desaparecieran. Así que en agosto de 2011, la FHFA demandó.
Hubo una oleada inicial de agitación, pero los abogados de los bancos se convencieron pronto de que los casos fracasarían o se llegaría a acuerdo por una pequeña fracción de los vagos "miles de millones" que se reclamaban. "Fueron muy beligerantes al comienzo", dice Selendy. "Nos dijeron que esperaban ganar sobre una base u otra".
Y así, en el tribunal de Manhattan, los equipos legales se enfrentaron. ¿Se hundió el precio de los valores porque estaban compuestos de préstamos peores que lo declarado o se habrían desplomado de todos modos por la recesión? ¿Podía el gobierno confiar en muestras de los préstamos o tenía que revisar cada uno de los archivos hipotecarios para encontrar errores en la suscripción, una tarea imposible?
Uno por uno, los fallos comenzaron a ir en la dirección de Selendy y el gobierno. Los abogados de los bancos siguen insistiendo en que la jueza, Denise Cote, ha errado en sus decisiones. Selendy tiene otra postura: "Aunque representábamos al gobierno, somos mucho más ágiles, podemos movernos mucho más rápido que este pantano de defensores", dice. De todos modos, las repetidas derrotas provocaron un pánico creciente en las filas de abogados bancarios. En una jugada desesperada, trataron (y fallaron) de conseguir el reemplazo de la jueza Cote.
Citigroup ni siquiera esperó a ese resultado. En mayo de 2013, bajo Mike Corbat, un nuevo director ejecutivo que deseaba dejar atrás los problemas del banco tan rápido como fuera posible, los abogados de Citi aceptaron un acuerdo, pagando US$ 250 millones. A partir de ahí, el dominó comenzó a caer. El suizo UBS llegó a un acuerdo y después lo hizo JPMorgan, cuyo director ejecutivo, Jamie Dimon, es probablemente el banquero más famoso del mundo.
Esta vez, tras cinco años de ser vapuleado por su fracaso en hacer responsables a los bancos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos quiso ser parte de la acción. Armó un espectáculo con Dimon en Washington. Se avisó a equipos de televisión y se lo mostró a él y sus abogados encaminándose a las conversaciones.
En noviembre, el Departamento de Justicia anunció que había conseguido un pago de US$ 13.000 millones de JPMorgan ("junto con aliados federales y estatales") para terminar con las acusaciones de venta engañosa de hipotecas. El comunicado de prensa decía que este era "el mayor acuerdo con una institución individual en la historia de Estados Unidos". Había que leer mucho más abajo en el documento para ver algún reconocimiento específico de la FHFA, el verdadero instigador del acuerdo, que se quedó con US$ 4.000 millones de lo pactado, la mayor parte del dinero.
Bancos en todo el mundo, en ocasiones con apoyo de políticos, se han quejado de tácticas de bullying del Departamento de Justicia, que parecen haber estado montando la captura de miles de millones de dólares (y algunos titulares favorables) por los dos últimos años. Pero se hizo sobre los acuerdos de la FHFA, que, como apunta Selendy, se lograron tras concienzudas batallas judiciales. "Este no es un uso amenazador de la autoridad del gobierno para obtener resultados rápidos", dice.
Tras el circo de JPMorgan, otros pagaron en silencio. Este año, Deutsche Bank pagó US$ 1.900 millones. Bank of America, que también proclamó su inocencia y juró pelear, pagó US$ 9.300 millones, la mayor suma entregada a la FHFA hasta ahora y más del doble de la multa a BP por el derrame petrolero en el Golfo de México. La semana pasada, Goldman se convirtió en la decimocuarta firma en cerrar un trato, pagando US$ 1.200 millones y dejando solo a Nomura, HSBC y Royal Bank of Scotland batallando en las audiencias. Si no se rinden también, el primer juicio en forma comenzará este mes.
Pero las compensaciones ya son las más grandes que han surgido de la crisis financiera. En comparación con la lista de US$ 20.000 millones de la FHFA, que van hacia Fannie Mae y Freddie Mac y después hacia las arcas del Tesoro estadounidense, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha conseguido solo US$ 3.000 millones en multas, ganancias impropias e intereses. Aunque los bancos que firmaron acuerdos evitaron una sentencia judicial, está claro que en sus propios términos perdieron - y por lejos. La pareja dispareja de funcionarios públicos convencionales y el abogado con la agenda radical venció al talento legal más caro que Wall Street pudo desplegar.
Desde su oficina en Madison Avenue, tras un escritorio hecho con madera reciclada, Selendy ve su rol como el de un combatiente contra la máquina. Detesta la forma en que la administración Obama rescató a los bancos, aun cuando es ampliamente considerada un éxito (y aunque el gobierno es su cliente).
"Billones de dólares, una enorme liquidez fluyendo hacia el mismo sector que nos llevó a la crisis. Me parece exasperante", dice. "No lo veo como un triunfo. Vamos a destinar una enorme parte de la riqueza de la nación a ese sector y esperar que chorree hacia abajo. Todo tipo de oportunidades perdidas. Me vuelve loco".
Espera ser contratado por otras agencias de gobierno en futuros escándalos. Pueden ser otros sectores (le encantaría que le pagaran por perseguir a los contaminantes), pero está seguro de que las finanzas le traerán más trabajo, pese a los esfuerzos de saneamiento de los últimos años.
"Al final de cuentas, los problemas que llevaron a estos casos son resultado de problemas estructurales dentro de los bancos", dice. "No importa lo que hagan por su cumplimiento, no importa lo que hagan los reguladores ni la mayor carga de la legislación reciente, tenemos una situación donde las remuneraciones se basan en el desempeño y el desempeño de mide por el valor de mercado o retornos anuales. Eso crea incentivos para que operadores, estructuradores y vendedores pongan a prueba los límites. Y estoy convencido de que, tal como siempre, seguirán haciéndolo.
