En mi artículo de octubre del 2010 mencionaba, como una de las soluciones para enfrentar mejor y de manera preventiva el riesgo de sobreendeudamiento en las microempresas (lo que vale para las MyPE en general), la creación de un sistema intergremial de resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
Cuando hay un solo acreedor, las soluciones son relativamente fáciles: se puede actuar antes de que haya un problema y reprogramar el crédito; o, si ya hay problemas, reestructurarlo con o sin abandono de parte del capital o con una fuerte rebaja de tasas. En el Perú se suele utilizar la palabra "refinanciar", reservando la reestructuración a lo que se hace en el marco de un proceso concursal. Prefiero la palabra "reestructurar" en ambos casos, pues en la práctica internacional, "refinanciar" tiene otro sentido, más neutral.
Existe también la solución de vender su acreencia a un tercero con un porcentaje de descuento, y luego dicho tercero reestructura esa deuda, tomando en cuenta una utilidad esperada respecto del precio que pagó.
La situación se complica en general cuando hay más de un acreedor financiero (deudores multiacreedores), aunque pueda también haber casos de acreedor financiero único, pero que coexiste con otros tipos de acreedores (comerciales, por ejemplo), o que no logra ponerse de acuerdo con su deudor, lo que genera conflictos
judiciales.
Lo que proponemos, con el doble objetivo de salvaguardar la perennidad de las empresas deudoras (y de sus empleos) y de asegurarse de un sistema de resolución de los conflictos entre el deudor y los diferentes tipos de acreedores, que sea eficiente, simple y rápido (con mejor porcentaje de cobranza efectiva final, por la mejor posibilidad para la empresa de recuperarse), es un sistema integral intergremial, que podría considerarse de naturaleza arbitral.
Condiciones necesarias:
1) Que todos los gremios de las empresas del sistema financiero se adhieran al sistema, pues pueden coexistir bancos, cajas, cooperativas, edpymes, etc., y que lo hagan igualmente aquellos a los que pertenecen las empresas deudoras, en general cámaras de comercio u otras asociaciones similares.
Acá hay variantes posibles: se puede hacer a nivel regional, como por ejemplo se está pensando en Huancayo con la ayuda de una asociación de abogados; pero uno puede preguntarse si lo mejor no sería crear un sistema nacional uniforme, con la participación de Perucámaras, por ejemplo.
En cuanto al sistema de toma de decisiones, se puede imaginar ternas de árbitros, tal vez asistidos por representantes de los gremios con o sin voto.
2) Que los principios en los cuales se basen las decisiones sean predefinidos y "premien" a posteriori la prudencia ejercida y penalicen el no respeto de ciertas reglas:
- Los 6 principios de protección del cliente microfinanciero, de la Smart Campaign, y objeto de mi artículo del 31 de diciembre, deben servir de referencia, aplicándose también a los créditos personales (consumo e hipotecarios) de los empresarios que se pueda tener que añadir en el proceso, pues muchas veces la "graduación financiera" de la empresa termina generando deudas de consumo adicionales y prematuras (una central de riesgos positiva a veces es un "arma de doble filo" en ciertas manos).
- Definir la "senioridad" (prioridad en el pago) del que bancarizó al cliente y examinar la génesis de la situación de sobreendeudamiento, para tomarla en cuenta en el esquema de restructuración (mayor o menor grado de abandono de capital, por ejemplo).
- Priorizar la viabilidad de la empresa, lo que incluye preservar su material de trabajo y no impedirle hacer frente a sus obligaciones laborales y tributarias, así como comerciales clave.
3) Que el Poder Judicial reconozca plenamente por adelantado la validez del sistema y de los fallos que genere, dando solamente su "exequátur" si alguien no quiere acatarlo, y que el Tribunal Constitucional no emita fallos que obstaculicen su seguridad jurídica.
Una ventaja adicional, en el plano "macro" de estos sistemas, es que, en caso de crisis, las situaciones se resuelven más rápido, y el "credit crunch" dura menos.
Fuente: Gregorio Belaunde Matossian / Gestión
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