Mediante Resolución de Superintendencia N° 084-2016 publicada el 23 de marzo de 2016, la SUNAT ha aprobado el Sistema Integrado del Expediente virtual para el llevado de los expedientes electrónicos del procedimiento de cobranza coactiva realizados por las áreas competentes de la SUNAT para cobrar la deuda tributaria correspondiente a los tributos internos.
De esta manera se logrará lo siguiente:
Este Sistema Integrado del Expediente Virtual-SIEV, permite a la SUNAT gestionar y conservar los expedientes de cobranza coactiva y además la presentación de solicitudes, informe y comunicaciones en este procedimiento. El sistema garantiza la integridad e inalterabilidad de los documentos electrónicos y su información está protegida por la reserva tributaria.
El expediente electrónico se genera y se lleva con numeración única e índice cronológico y tienen como soporte información e imagen digitalizada de los documentos y sus documentos se almacenan, archivan y conservan en el SIEV.
El deudor tiene acceso al expediente electrónico a través de SUNAT virtual utilizando su clave SOL.
La norma aprueba el formulario virtual 5011 el cual se ubica en la Opción Escritos Virtuales- para que el deudor o terceros, presenten escritos vinculados a la notificación de la cobranza que comprende el Sistema SIEV.
Este formulario virtual es identificado por la SUNAT y entonces el deudor o tercero puede acceder para consultar el estado de tramitación de la información, solicitud o comunicación.
La norma aprobada entra en vigencia a partir del 1 de mayo de 2016 y finalmente deroga la Resolución de Superintendencia N° 057-2011/SUNAT
Fuente: SUNAT
Mediante el Decreto Supremo N° 049-2016-EF, publicado el 20 de marzo de 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas ha modificado el Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, con el objetivo de incorporar diversas disposiciones que permitan aplicar este procedimiento, cuando se trate de una fiscalización parcial realizada por medios electrónicos.
En efecto, la SUNAT tiene la facultad de iniciar el procedimiento de fiscalización parcial electrónica cuando del análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la SUNAT custodie en sus sistemas, se compruebe que parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente declarado.
Mediante la presente norma se establecen las siguientes innovaciones:
La sustentación de las observaciones y la documentación que se adjunte de ser el caso, se presentará conforme a lo que la SUNAT determine mediante norma.
Se establece que la SUNAT en el plazo de noventa (90) días hábiles, computado desde el 20 de marzo de 2016, publicará la Resolución que apruebe las normas complementarias para la implementación y aplicación de la fiscalización parcial electrónica.
Finalmente los procedimientos de fiscalización que se hubieran iniciado hasta el 20 de marzo de 2016, continuarán rigiéndose bajo las normas con las que se iniciaron.
La población en todos los países se ha vuelto menos tolerante con la evasión fiscal y ya no la distingue de la elusión
(Bloomberg) Las revelaciones sobre las cuentas offshore que salieron a la luz con los llamados Panamá Papers fortalecerán los esfuerzos gubernamentales para frenar no sólo la evasión tributaria, que es ilegal, sino también los métodos para eludir el pago de impuestos.
También se sumarán al enojo de la gente, que cuestionará la autoridad de algunos funcionarios de gobierno. El revuelo traerá aparejadas medidas de control más estrictas. Sin embargo, también habrá consecuencias no buscadas que debilitarán aún más la credibilidad y la eficacia del establishment político e incluso su capacidad para gobernar desde el centro, que ya está siendo puesta a prueba.
Tras la crisis financiera mundial y dado el alarmante aumento de la desigualdad de riqueza, los gobernados serán mucho más reacios a aceptar la distinción legal entre evasión fiscal y elusión fiscal. Ahora a ambas se las ve no sólo como "formas de evitar el pago de impuestos" sino también como ventajas injustas para los miembros de la sociedad más acaudalados y con más conexiones.
Aquí hacen su aparición los "Panama Papers", un conjunto de más de 11 millones de páginas de documentos del estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca. Los documentos sugieren que tanto en los países avanzados como en los en desarrollo, algunos de los que ostentan el poder y quienes tienen acceso a ellos, además de los "ricos y famosos", utilizaron al estudio para crear y administrar entidades offshore destinadas a proteger su capital y minimizar el pago de impuestos.
Las repercusiones políticas fueron inmediatas y probablemente se extiendan. El escándalo ya llevó a la renuncia del primer ministro de Islandia y a una protesta política que exigió que el primer ministro británico David Cameron diera a conocer su declaración de impuestos y puso abrupto fin a la luna de miel política del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri.
Además, países entre los que se encuentra Alemania redoblarán sus esfuerzos para analizar restricciones a planes de minimización de impuestos que son legales pero moralmente cuestionables porque benefician a los más ricos. Como ocurrió con medidas anteriores para limitar el lavado de dinero, el foco estará puesto en exigencias de información más estrictas, más colaboración internacional para intercambiar información e iniciativas transfronterizas más coordinadas de verificación y aplicación de las normas.
Los Papeles de Panamá son otro golpe al establishment político. Profundizan la indignación popular hacia gobiernos que para un segmento considerable de la población hacen la vista gorda respecto a la evasión de impuestos. El enojo se ve intensificado por la revelación de que algunos funcionarios de alto rango también utilizaron este tipo de protección. Y, aunque en la mayoría de los casos, no se violó ninguna ley, los documentos reforzarán la impresión de que a los privilegiados se les permite jugar según otras reglas.
Sin duda, los Papeles de Panamá darán lugar a esfuerzos más denodados para reducir la minimización impositiva (ya sea través de la elusión fiscal o de la evasión ilegal). Esa es una buena noticia para los sistemas democráticos liberales que se apoyan en un Estado de derecho que es visto como justo y creíble. Pero a corto plazo, esto irá acompañado de una resistencia aún más fuerte al tipo de unidad política que necesitan muchos países para alcanzar un mayor crecimiento y auténtica estabilidad financiera.
Fuente: Diario El Comercio
El sistema tributario peruano está en el tercio superior mundial según PwC, pero solo para el caso de grandes empresas.
El sistema tributario del Perú ha permitido que las horas necesarias para realizar los pagos de impuestos sean menores, pero aún no se ha resuelto la complejidad que significa para las empresas medianas y pequeñas –que representan más del 90% de las compañías en el país– cumplir con las obligaciones tributarias. Así lo indicó PwC, consultora que elaboró, junto con el Grupo Banco Mundial, el estudio Paying Taxes.
En este reporte, el Perú se ubica en el puesto 50 del ránking, por debajo de Chile y por encima de Colombia, México y Brasil. Sin embargo, el estudio no se basa sobre una muestra de empresas, sino que responde a un caso hipotético, a fin de que pueda ser comparado con la situación en los demás países analizados.
FALTA POR CONSIDERAR
El caso base considera una empresa del sector de manufactura, con una facturación anual de S/.17 millones, que genera utilidades antes de impuestos por S/.0,9 millones, tiene un activo fijo de S/.2,3 millones,un capital social de S/.1,6 millones; 60 empleados y cuatro gerencias. Bajo ese supuesto, el pago de impuestos que se debe realizar implica en el Perú 260 horas, una tasa impositiva de 35,9% y nueve pagos.
Pero pese a que la cantidad de horas se redujo de 293 a 260, el tiempo demandado sigue siendo alto. Por ejemplo, en Colombia son 239 y en Suiza, 63 horas.
También influye el hecho de que se trate de una empresa de manufactura, pues si fuera una empresa minera, por ejemplo, debería pagar otros tributos, precisó Orlando Marchesi, socio de PwC.
Pero hay aspectos que no evalúa el estudio y que repercuten negativamente en el pago de impuestos en el Perú. Por ejemplo, la duración de las fiscalizaciones y de la resolución de los casos tributarios.
"De incluirse estos indicadores, tal vez no saldríamos tan bien parados", opinó Marchesi. Hay empresas que tienen la fiscalización todo el año y, además, existe la responsabilidad de actuar como agentes retenedores. También resolver un caso puede tardar hasta 10 años (incluidos los procesos ante el Poder Judicial).
Para el caso de empresas medianas y pequeñas, el problema radica en el nivel de sofisticación que tiene el pago de tributos.
"Nuestro sistema es muy formalista y estamos llenos de multas. [...] Cuando las multas son muy altas ya no son un desincentivo, sino una imposibilidad para seguir operando", indicó Marchesi.
Para el economista Carlos Adrianzén, en el Perú existe inestabilidad tributaria, debido al cambio reiterado de las tasas, por ejemplo, en el caso de las utilidades y los tributos laborales. Asimismo, destacó que para la inversión en el país también afectan las cargas laboral y administrativa.
Además, Marchesi indicó que una tarea pendiente para la administración tributaria y el marco legal es encontrar la forma de ampliar la base tributaria.
FUENTE: GESTION
Durante este año se publicaron diversas normas destinadas a promover el financiamiento en favor de los proveedores de bienes y/o servicios a través de sus facturas comerciales o recibos por honorarios, facilitándoles así la posibilidad de negociar dichos documentos de manera anticipada a la fecha de su vencimiento.
"Con esto se busca obtener liquidez en el corto plazo (…) Entre las disposiciones se encuentra la obligación de incorporar a partir del 1 de setiembre de 2015 una tercera copia denominada factura negociable en las facturas comerciales y recibos por honorarios impresos y/o importados. Sin embargo, este 31 de octubre próximo vence el plazo para dar de baja a facturas y recibos impresos", precisó Cynthia Munailla, gerente de Impuestos de EY (antes Ernst & Young).
Asimismo, resalta que la obligación de incorporar esta tercera copia aplica a todo aquel que emita los referidos comprobantes de pago. Para ello, las imprentas autorizadas deberán incorporar la tercera copia de la factura negociable en todas las facturas comerciales y/o recibos por honorarios.
Para dar de baja a sus facturas y recibos por honorarios el contribuyente deberá ingresar a Sunat Operaciones en Línea, utilizando su Código de Usuario y la Clave SOL, y presentar el formulario virtual N° 855 consignando como motivo de baja: "Baja por deterioro".
Emisión electrónica
Para el caso de la emisión electrónica de facturas comerciales y/o recibos por honorarios, los emisores electrónicos podrán emitir la factura negociable, considerando que la Sunat determinará el mecanismo para su operatividad.
"Téngase en cuenta que en ambos mecanismos de emisión, impreso y electrónico, la factura negociable – además de la información requerida por la Sunat – deberá contar con campos adicionales para su correcta emisión", refirió.
En tal sentido y desde la perspectiva tributaria, el aspecto más relevante que debe tenerse en cuenta es que los emisores deben dar de baja a las facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados hasta el 31 de agosto del 2015.
Siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago y consignando como motivo de la baja el concepto "baja de documentos por deterioro" en el Formulario Virtual No. 855, considerando los siguientes plazos:
i) Hasta el 31 de agosto para aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados hasta el 31 de diciembre del 2014.
ii) Hasta el 31 de diciembre del 20015, para aquellas facturas comerciales o recibos por honorarios impresos y/o importados desde el 01 de enero del 2015 hasta el 31 de agosto del 2015.
Cabe señalar que de no cumplir con la baja de los comprobantes de pago dentro de los plazos señalados, éstos perderán su calidad de tales a partir del 1 de setiembre, por lo que ya no tendrán valor tributario.
"Es decir, no sustentarán gasto o costo para efectos del Impuesto a la Renta ni otorgarán derecho al crédito fiscal para efectos del Impuesto General a las Ventas", puntualizó Munailla.
Fuente: Diario gestión Web
